La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presidió el día 20 el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que están representadas las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales y agrarias, entre otras entidades.
Se ha informado de la tramitación de los proyectos de reales decretos de reducción del consumo de bolsas de plástico y de declaración del área marina Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, ya propuesta desde ayer para su inclusión como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)
La ministra ha informado también al Consejo sobre la elaboración de la Estrategia Española de Economía Circular, consciente el Gobierno “de la importancia de incorporar la economía circular como elemento clave para favorecer el cambio a un modelo de desarrollo sostenible que permita maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo y reducir la generación de residuos”. García Tejerina ha explicado que su Ministerio elabora esta Estrategia junto con otros ocho Ministerios, y que se prevé que esté aprobada y en pleno funcionamiento en 2018.
La ministra ha recordado que el proceso de elaboración de esta Estrategia se inició con unas Jornadas de Alto Nivel, en septiembre, que contó con la presencia del comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos, y con la participación de un nutrido grupo de expertos y de todos los agentes implicados. “Queremos que la Estrategia sea fruto de las aportaciones de todos, para que pueda desplegar plenamente sus efectos en cuanto al impulso de la economía, a la creación de empleo, al ahorro de costes por menor utilización de recursos y especialmente a la protección medioambiental. Para ello, se ha hecho necesario integrar todas las políticas nacionales vinculadas con la economía circular”, ha resaltado García Tejerina.
Por ello ha sido muy importante contar con la participación de las administraciones autonómicas y locales, de las asociaciones empresariales en representación de fabricantes, distribuidores y gestores de residuos, de los consumidores y usuarios y de las organizaciones sindicales y ambientales. Al igual que con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se trabaja para implicar a todos los grupos políticos en su elaboración, para que nazca con el máximo consenso.Seguir leyendo
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